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Recargo de prestaciones

Recargo en las prestaciones por falta de medidas de seguridad.

Cuando se produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia directa de la falta de medidas preventivas, el legislador impone al empresario un recargo en las prestaciones de Seguridad Social, siendo este recargo independiente y compatible con el resto de responsabilidades ( Art 42.3 LPRL ). Supone un aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional

Según establece el art. 123 LGSS

todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción”.

Por lo tanto cuando exista relación de causalidad entre la lesión y los incumplimientos empresariales, se aumentarán todas las prestaciones económicas según el grado de la falta en un 30 o un 50 por 100 de las prestaciones que el trabajador haya recibido _incluyendo incapacidad temporal e incapacidad permanente _ por lo que la cuantía puede variar sustancialmente dependiendo de las secuelas sufridas por el trabajador y su edad.

Como Regla general , las cantidades del recargo de prestaciones no se consideran indemnización, a efectos de aminorar la cuantía de la responsabilidad civil.

Es imprescindible para que nazca este tipo de responsabilidad que se establezca de manera clara la relación de causalidad entre la lesión y la falta de medidas de seguridad. A la vez es preciso, según lo dispuesto en el artículo 123 de la LGSS, que las lesiones se produzcan por las circunstancias siguientes: por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de las características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

El recargo alcanza a todo tipo de prestaciones que traigan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo que lo diferencia de la responsabilidad administrativa, donde se puede sancionar por el mero incumplimiento de medidas preventivas, incluso sin que se haya producido un daño.

Sujeto responsable;

Es sujeto responsable del pago del recargo quien fuera el empresario infractor, y siempre teniendo presente que esta responsabilidad no puede ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato en sentido contrario.

Son responsables del recargo los empresarios que sean efectivamente deudores de seguridad y por ello el contenido del artículo 16.2 de la LETT que impone la responsabilidad del recargo a la empresa usuaria.

En caso de contrata o subcontrata la responsabilidad solidaria del dueño de la obra por infracciones del contratista o subcontratista también alcanza al recargo ( STS de 18 de Abril de 1.992, Ar 4849, STSJ Asturias de 29 de Septiembre de 1995, Ar 3218 y STSJ País Vasco, de 4 de Julio de 1995, Ar 3134 ).

Una figura que se aplica en cualquier tipo de responsabilidades ( civil, patrimonial,…) y que por lo tanto no es una excepción en el supuesto del recargo, es la concurrencia de culpas del trabajador y empresario. Se trata de una figura moduladora del porcentaje del recargo, pero que no excluye la aplicación del mismo, de forma que habrá que graduarse la entidad de ambos incumplimientos el del empresario y el del trabajador ( STSJ País Vasco de 1 de Diciembre 1994, Ar 4984 y STSJ de Extremadura , de 10 de Julio de 1.995, Ar/ 2712 ).

Hay que resaltar que una posible vía de exención de la responsabilidad empresarial es la demostración de la imprudencia temeraria del trabajador ( STSJ de Castilla y León de 18 de Septiembre de 1.996, Ar 2763 y STSJ Comunidad Valenciana de 16 de Abril de 1996, Ar 1976 ). Además existe jurisprudencia que también les exonera del recargo cuando el trabajador ha incumplido las normas de seguridad o las advertencias expresas y reiteradas de la empresa o cuando el accidente se ha producido por circunstancias no previstas, a pesar de la diligencia demostrada por el patrono.

El pago se efectúa de una sola vez, capitalizándose en función de los criterios de Tesorería General de la Seguridad Social.

La parte que se correspondería a las prestaciones en si mismas, sería abonada por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y la parte correspondiente al incremento (del 30 al 50%) por parte del empresario.

 

Procedimiento;

El artículo 27 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (R.D. 928/ 1998) establece;

” La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está legitimada para iniciar el procedimiento administrativo para declarar la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo proponiendo el porcentaje de incremento que estime procedente, en aplicación del artículo 123 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es compatible con la responsabilidad administrativa, penal o civil que derive de los hechos constitutivos de la infracción.

El informe-propuesta de dicha Inspección recogerá los hechos y circunstancias concurrentes, disposiciones infringidas, la causa concreta de las enumeradas en el artículo 123.1 del texto refundido citado que motive la propuesta y el porcentaje que considere procedente aplicar. Si se hubiese practicado acta de infracción y hubiese recaído resolución de la autoridad laboral sobre la misma, dicha resolución se aportará al expediente de iniciación. Si no se hubiere practicado previamente acta de infracción, en el informe-propuesta se justificará razonadamente tal circunstancia.”

Generalmente el expediente de solicitud para el recargo de prestaciones se promoverá por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero igualmente podrán instar las actuaciones tanto el trabajador afectado como sus beneficiarios.

El informe propuesta de la Inspección de Trabajo se dirige al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente y, deberá comprender:

  1. Nombre, apellidos y datos del inspector actuante, trabajador causante, terceros beneficiarios y empresa o empresas responsables.
  2. Descripción de los hechos y circunstancias del siniestro.
  3. Preceptos infringidos con expresión del nexo causal con el siniestro.
  4. Fundamentos de Derecho:

a.- Artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social.

b.- Artículo 1.e y 4.a del Real Decreto 1300/1995, de 21 de Julio.

c.- Artículo 3.1 b de la Orden de 18 de Enero de 1.996, que regula el procedimiento especial para la declaración del recargo.

d.- Artículo 7.8 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y artículo 27 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (R.D. 928/1998).

  1. Solicitud, con la expresión concreta del porcentaje de recargo que se solicite y sucinta exposición de una justificación.
  2. Lugar, fecha y firma del inspector de Trabajo actuante.
  3. Documentos a adjuntar al informe- propuesta ( copia del acta de infracción y del informe del accidente o enfermedad profesional realizado por la Inspección de Trabajo y aquellos informes técnicos que hubieran emitido otros organismos en relación con el accidente o enfermedad profesional) .

Frente al Recargo de Prestaciones podemos formular nuestros escritos de oposición, cuyo iter sería el siguiente:

1- propuesta de recargo

2- reclamación previa (escrito de alegaciones)

3-resolución administrativa

4- recurso de alzada

5- resolución administrativa

6- demanda ante la Jurisdicción Social.

 

La carga de la prueba recaerá sobre el empresario o deudor de seguridad, quién deberá demostrar que el suceso dañoso no se produjo por ausencia de medidas preventivas, por lo que entra en juego la presunción del artículo 96.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social:

“En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”

 

Por lo tanto, La imprudencia del trabajador podrá minorar la responsabilidad, pero tan solo actuarán como eximentes la imprudencia temeraria no previsible, la fuerza mayor o caso fortuito, o la culpa exclusiva no evitable de un tercero.

Es necesario que si el empresario hubiera recibido una Acta de Infracción paralela, proceda a recurrir ambos procedimientos, mostrando su no conformidad con los hechos imputados.

La figura del recargo de prestaciones es muy discutida doctrinalmente, existiendo posicionamientos en contra y a favor de su continuidad en el ordenamiento jurídico tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la profusión de la responsabilidad administrativa en materia preventiva.